Desde setiembre, América del Sur vive en un estado de agitación permanente. Como si lo hubieran acordado de antemano, los ciudadanos de distintos países salen a protestar masivamente a la calle. Primero fueron, a finales de setiembre, los ecuatorianos que protestaron en contra de la subida del precio de la gasolina,  una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Las poderosas federaciones indígenas de Ecuador lograron que el presidente Lenín Moreno retrocediera. Después, a inicios de octubre, Chile tomó la posta. Inicialmente una protesta de escolares en contra de la subida de las tarifas del transporte público, las movilizaciones se expandieron por todo el país en contra de la desigualdad social y el sistema económico neoliberal. En noviembre las protestas alcanzaron a Bolivia, aunque por razones muy distintas. Primero fueron protestas populares en contra de un supuesto fraude electoral de parte del entonces presidente Evo Morales. Después este renunció y huyó al exilio mexicano, y desde entonces el país vecino muestra una polarización y violencia preocupante. El último país a sumarse a las protestas fue Colombia, con un paro general masivo que fue preparado y organizado con antelación. Si a esto sumamos la crisis permanente venezolana y la del país más grande de Sudamérica, Brasil, en manos de un fascista y destructor de la selva amazónica, entonces se entiende por qué hoy en día se ve a América del Sur como un continente en permanente revuelta. Solo un país parece ser inmune frente a las olas de protesta. El Perú. ¿Qué sucede? ¿De veras vivimos en en una suerte de oasis, o solo estamos ad puertas de un estallido más grande?

Todos los gobiernos peruanos desde 1990 han seguido el modelo económico chileno, que tanto rechazo genera ahora entre los chilenos. Ese modelo ha generado grandes desigualdades también en el Perú. Los servicios públicos de salud y de educación están lejos de satisfacer estándares de calidad para la gran mayoría. En el Perú hay motivo suficiente para salir a protestar. Si el Perú -hasta ahora– no se ha contagiado de la ola de protestas sociales de los países vecinos, se debe a algunas peculiaridades peruanas que voy a detallar en lo siguiente:

La economía formal como sociedad paralela y amortiguador

Si subo a un bus o combi en Lima o cualquier otra ciudad peruana, entonces es lo más probable que la movilidad pertenezca al mismo chofer que la maneja en un tipo de franquicia del dueño de la línea. La ganancia del chofer-emprendedor depende solamente de la cantidad de pasajeros que tenga. Hasta en la capital Lima ni el 10% del transporte urbano es abastecido por los servicios estatales y municipales de Tren Eléctrico y Metropolitano. ¿A quién, como ciudadana, debo reclamar un mejor servicio de transporte público? ¿Acaso a mi chofer emprendedor para que no suba su tarifa que ya suele ser recontra baja? Más probable es que este salga a reclamar que lo formalicen y le den el permiso de continuar con su negocio, como sucede en Lima en estos días.

Si en el Perú me enfermo y, como la mayoría, no tengo ningún seguro médico, lo más probable es que vaya a tratarme en un hospital público. Aunque la consulta sea gratuita, voy a tener que pagar para todos los servicios de laboratorio, diagnóstico etc., en una clínica privada. ¿Ante quién un ciudadano peruano va a reclamar, si el médico del hospital público lo envía para el diagnóstico a un centro de imágenes propiedad del mismo médico, o cuando el médico no aparece en su consultorio, porque gana más en su clínica privada?

El Perú tiene colegios y universidades públicas gratuitas. Solo que la mayoría de ellos tiene tan mala fama –no siempre justificada-, que hasta padres de familia de la clase media baja prefieren enviar a sus hijos a un colegio particular. Las nuevas y antiguas barriadas de Lima están llenas de colegios particulares cuya calidad apenas está supervisada por el Estado y cuya prioridad es el lucro. ¿Acaso debo protestar en contra de mi colegio particular por la matrícula demasiado alta?

El 70% de los peruanos empleables trabaja en el sector informal o como independientes. Algunos de ellos supongamos que paguen impuestos, pero ninguno de esos 70% goza del beneficio de un sistema de seguridad social del Estado (salud, jubilación). Al contrario de Chile, la economía y sociedad peruana hace tiempo funciona de manera paralela: por un lado los empleadores formales, entre ellos las grandes empresas nacionales o multinacionales; por el otro, la mayoría de los trabajadores peruanos que se han establecido en esa larga línea desde la economía informal hasta ilegal y que ya no esperan nada del Estado.

El tema de la corrupción como válvula de escape

Lo que ha movido a los ciudadanos peruanos y lo que los ha hecho salir a la calle, era y sigue siendo el tema de la corrupción. Mucha gente tiene la impresión que el sistema político, incluido sus representantes en el Congreso, está totalmente corrupto. La indignación sobre los audios de jueces corruptos, los aportes no registrados a campañas electorales de Odebrecht y otras empresas, todo eso confirma la sensación de vivir en un país dominado por la corrupción.

Pero al lado de las pruebas de corrupción en los sistemas políticos y judiciales, también existe lo contrario: algunos fiscales, jueces y periodistas valientes han logrado que en el Perú muchos políticos y expresidentes estén hoy en la cárcel acusados de corrupción. Uno de ellos, Alan García, prefirió en abril de este año suicidarse en lugar de ir preso.

El presidente Vizcarra puede contar entonces con la aprobación del pueblo, mientras que ponga la prioridad en la lucha contra la corrupción. De hecho, él ha gobernado en contra del parlamento opositor que solía torpedear sus reformas políticas, hasta que tomó la medida drástica de disolver el congreso y convocar a elecciones complementarias en enero del 2020. Esta medida, normalmente propia de un régimen dictatorial, contó con la aprobación de la mayoría de los peruanos, muy pocos salieron a protestar en contra. Algunos analistas piensan que la disolución de este congreso tan impopular sirvió como una válvula de escape para la rabia popular por la corrupción reinante.

¿Y los conflictos socioambientales?

Perú es un caldo de cultivo para conflictos socioambientales, sobre todo en el entorno de proyectos de minería industrial o de explotación petrolera en la selva. Quien solo mira esta conflictividad, se puede olvidar de que estas protestas tienen lugar en sitios muy remotos del país. Los que protestan contra un proyecto minero capaz pueden paralizar una ciudad, bloquear una carretera principal, paralizar la producción de una mina y con ello llevar al borde de la desesperación a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas en Lima. Pero es difícil imaginarse que proyectos mineros en disputa lleguen a ser el motivo para protestas sociales masivas en la capital. Las realidades entre la ciudad y el campo son demasiado distintas, y muchos habitantes de las grandes ciudades creen que el bienestar del Perú depende de la minería.

Aunque por el momento el problema más grande de orden público en Lima sean los hinchas bulliciosos del River y del Flamengo, nadie en su sano juicio se atreverá a dar un pronóstico sobre cuándo el péndulo cambiará en modo de protesta en el Perú.  Los dos últimos años han mostrado cuán rápido puede surgir una movilización popular. El anuncio de la amnistía de Alberto Fujimori en Navidad del 2017 y la destitución de los fiscales anticorrupción a finales del 2018, motivó a miles de peruanos de abandonar la mesa navideña y la fiesta de Año Nuevo para salir a protestar. Puede ser que la reciente decisión del Tribunal Constitucional de liberar a la líder de la oposición política, Keiko Fujimori, acusada de corrupción, dé lugar a mayores protestas. Como también puede que no. Nadie sabe cuál será la chispa que volverá a encender el modo de protesta de los peruanos ni cuándo será, solo que lo habrá, es tan seguro como el próximo temblor.